FARC DINAMITAN UNA ESCUELA EN REPRESALIA PORQUE UN SECUESTRADO SE LES FUGÓ

Haciendo gala de su salvajismo irracional las Farc dinamitaron una escuela en represalia porque un hijo de la rectora, que había sido secuestrado se les voló. Los hechos sucedieron en el Departamento del Cauca, al sur colombiano, y causan un enorme daño social, especialmente dirigido contra las niñas y niños humildes que cursaban sus estudios en el centro académico.

No se ha oído hasta ahora ningún rechazo a esa conducta tipificada como delito de lesa humanidad y expresamente prohibida por la Convención de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, la Carta de los DD.HH. de la ONU, como por el Estatuto de Roma; las ONGs tan acuciosas para inventar ‘falsos positivos’ y ‘víctimas del Estado’, guardan un cobarde y cómplice silencio cuando la narcoguerrilla agrede de esta manera a la sociedad colombiana, especialmente a la más vulnerable por sus condiciones sociales y económicas.

Las Farc dinamitan las escuelas para disponer cobardemente de los niños y niñas. En el Cauca principalmente desde
hace años las Farc están reclutando jóvenes para usarlos en sus filas como “carne de cañón” u “objetos sexuales” estropeando sus ganas de vivir y tener una adolescencia justa como todos los demás[1].

La narcoguerrilla en muchas ocasiones toma jóvenes que están con sus familias en las tierras ganaderas y se los llevan sin explicación alguna. También se han conocido casos que estos terroristas van hasta los colegios más remotos del país y sacan de sus clases a los muchachos. Los huérfanos de la guerra, los menores reclutados por los grupos terroristas, los secuestrados, los desplazados, los que han sido víctimas de las minas antipersonales, los tristemente llamados ‘niños raspachines’ que trabajan en los cultivos de coca, llevan consigo el peso de una violencia que a pesar de su corta edad, no es menos grande o devastadora que aquella a la que se ven sometidos los adultos. Resulta difícil determinar con exactitud la cantidad y edad de niños que integran las filas de las Farc, Eln Bacrim y otras organizaciones similares[2].

El trato que las Farc les dan a nuestros infantes y adolescentes muestra de bulto el ‘hombre nuevo’ que el neocomunismo bolivariano quiere formar. La violencia tiende a corromper el alma del que hace uso de ella, a disminuir el umbral de agresividad, especialmente cuando se trata de jóvenes. Un niño que ha tomado parte en actos de violencia es una amenaza para sí mismo y para otros, así como para la sociedad en la que vive, ahora y en el futuro. La agresividad que ha encontrado lugar dentro de su corazón es como si se dirigiera en el futuro, no sólo contra el enemigo sino también contra su familia, sus hijos, otros adultos y en particular, contra los más débiles que él. Es imposible controlar y saber cómo las semillas de la violencia plantadas en el corazón de un niño, aunque sea para propósitos ostensiblemente legítimos, vallan a desarrollarse. Utilizar al niño para propósitos peligrosos es como preparar el camino para la futura manipulación de éste por los adultos[3].

Mientras tanto nuestros magistrados y jueces se solazan calificando a los narcoterroristas como ‘luchadores altruistas’, las ONGs que guardan silencio frente a la cobarde actividad del narcoterrorismo con respecto a nuestra infancia y adolescencia, se desgañitan en cuanto escenario se les preste abogando por un supuesto ‘acuerdo humanitario’, como si fuera la sociedad, el Estado, el pueblo colombiano el responsable de tan horrorosos crímenes contra niñas, niños y jóvenes en el país.

Esas mismas niñas, niños y jóvenes víctimas del narcoterrorismo que al parecer no tuvieron cabida en la Ley de Víctimas, porque allí por obra y gracia de esas mismas ONGs sólo se habla de las que generó el mal llamado paramilitarismo, las AUC, pero con respecto a las Farc, Eln y las demás organizaciones terroristas que han asolado el país nada se dice, su definición se disuelve en la gaseoso referencia a organizaciones armadas al margen de la ley, hubo miedo en el legislador y el ejecutivo en llamar las cosas por su nombre.

La Ley de Víctimas no dijo nada de los entre 10 mil y 13 mil niños combatientes menores de los quince anos reclutados por Víctor Julio Suarez Rojas alias el “Mono Jojoy”. Las formas de vinculación de menores a grupos terroristas más comunes son: la captura, en el 68% de los casos y el ingreso voluntario bajo engaños, el 32% restante. (Datos entregados por el ex Defensor del Pueblo José Fernando Castro Caicedo, en uno de los boletines sobre La niñez y sus derechos, en 1999)[4].

Las niñas, niños y adolescentes sacrificados por las Farc y el Eln se pierden en el nauseabundo cieno de definiciones etéreas de sociólogos, psicólogos y politólogos que hablan de los ‘niños de la guerra’, pero son cobardes para señalar a los terroristas comunistas como los mayores responsables de los execrables crímenes que en su contra ejecutan. Los magistrados y jueces anulan apoyándose en tecnicismos leguleyos las pruebas que contra los criminales se aportan por las víctimas y cínicamente se atreven a señalar que esos crímenes tienen motivaciones políticas y por lo tanto no pueden ser objeto de juicio y sanción.

La destrucción de esa escuela en el Cauca no es más que un eslabón en la ya larga cadena de la infamia con que las Farc han secuestrado al pueblo colombiano. De ahí que a pesar de las vicisitudes políticas de la coyuntura actual, el pueblo colombiano debe levantarse contra esa opresión y apoyar incondicionalmente a nuestros soldados y policías que ha diario ponen una alta cuota de sacrificio para devolvernos la libertad refundida.