En octavo y último debate, y en medio de fuertes críticas de organismos internacionales, la plenaria del Senado le dijo sí a este proyecto de reforma constitucional.
El proyecto, que pasa a conciliación y que reforma los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución, define qué delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio serán juzgados por la Justicia Penal Militar o por la Justicia Ordinaria y prevé la creación de un tribunal de garantías para que conozca cada caso y dirima “los conflictos de competencia” que ocurran entre las dos jurisdicciones.
De este modo, según el articulado, en ningún caso la Justicia Penal Militar atenderá procesos por siete delitos: crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Pero sí serán conocidos por los tribunales castrenses las demás infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Para este último debate, los ponentes de la reforma introdujeron algunos cambios en la ponencia. Sin
El proyecto, que pasa a conciliación y que reforma los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución, define qué delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio serán juzgados por la Justicia Penal Militar o por la Justicia Ordinaria y prevé la creación de un tribunal de garantías para que conozca cada caso y dirima “los conflictos de competencia” que ocurran entre las dos jurisdicciones.
De este modo, según el articulado, en ningún caso la Justicia Penal Militar atenderá procesos por siete delitos: crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Pero sí serán conocidos por los tribunales castrenses las demás infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Para este último debate, los ponentes de la reforma introdujeron algunos cambios en la ponencia. Sin
