En octavo y último debate, y en medio de fuertes críticas de organismos internacionales, la plenaria del Senado le dijo sí a este proyecto de reforma constitucional.
El proyecto, que pasa a conciliación y que reforma los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución, define qué delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio serán juzgados por la Justicia Penal Militar o por la Justicia Ordinaria y prevé la creación de un tribunal de garantías para que conozca cada caso y dirima “los conflictos de competencia” que ocurran entre las dos jurisdicciones.
De este modo, según el articulado, en ningún caso la Justicia Penal Militar atenderá procesos por siete delitos: crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Pero sí serán conocidos por los tribunales castrenses las demás infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Para este último debate, los ponentes de la reforma introdujeron algunos cambios en la ponencia. Sin
embargo, la plenaria les dijo no a dichas modificaciones.
Se trataba, según el senador Juan Manuel Galán, de un breve artículo que dejaba claro que las ejecuciones extrajudiciales no serían conocidas por la Justicia Penal Militar sino por la Justicia Ordinaria y que no exoneraba el derecho de la Fiscalía para conocer las conductas delictivas de los uniformados hasta que se expidiera una ley estatutaria que explique claramente las funciones de las dos jurisdicciones.
"Este artículo permite que cualquier interpretación de este acto legislativo no se dé en el sentido de pensar que los 'falsos positivos', los homicidios en persona protegida, homicidios agravados, violencia sexual o acceso carnal violento, vayan a tener posibilidad de salir de donde están, que es en la Justicia Ordinaria y pasar a la Justicia Penal Militar", señaló el senador Galán sobre la propuesta que fue negada.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW), la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado sus preocupaciones sobre la reforma que fue aprobada.
El presidente de la CIDH, José Jesús Orozco, ha dicho que la norma es “incompatible” con los principios de este organismo. “Nosotros aspiramos a que esto no se apruebe en los términos que se ha planteado”, indicó Orozco.
Por su parte, José Miguel Vivanco, director de HRW, ha dicho que “la reforma es inconveniente” y ha centrado sus preocupaciones en lo que pueda pasar con las “las investigaciones de los llamados falsos positivos”.
La ONU, a su turno, ha pedido evitar “cualquier sospecha de impunidad en los procesos de los uniformados y ha dejado en claro su preocupación sobre la transparencia en las investigaciones”.
Ante las críticas, el Gobierno ha insistido en que la reforma no permitirá la impunidad. Además, el Ejecutivo asegura que los efectivos de las Fuerzas Armadas necesitan garantías mínimas para enfrentar a los grupos armados ilegales como la guerrilla y las bandas criminales, debido a que en ocasiones han sido condenados por conceptos como la superioridad numérica frente a los adversarios en el campo de batalla.
El proyecto, que pasa a conciliación y que reforma los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución, define qué delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio serán juzgados por la Justicia Penal Militar o por la Justicia Ordinaria y prevé la creación de un tribunal de garantías para que conozca cada caso y dirima “los conflictos de competencia” que ocurran entre las dos jurisdicciones.
De este modo, según el articulado, en ningún caso la Justicia Penal Militar atenderá procesos por siete delitos: crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Pero sí serán conocidos por los tribunales castrenses las demás infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Para este último debate, los ponentes de la reforma introdujeron algunos cambios en la ponencia. Sin
embargo, la plenaria les dijo no a dichas modificaciones.
Se trataba, según el senador Juan Manuel Galán, de un breve artículo que dejaba claro que las ejecuciones extrajudiciales no serían conocidas por la Justicia Penal Militar sino por la Justicia Ordinaria y que no exoneraba el derecho de la Fiscalía para conocer las conductas delictivas de los uniformados hasta que se expidiera una ley estatutaria que explique claramente las funciones de las dos jurisdicciones.
"Este artículo permite que cualquier interpretación de este acto legislativo no se dé en el sentido de pensar que los 'falsos positivos', los homicidios en persona protegida, homicidios agravados, violencia sexual o acceso carnal violento, vayan a tener posibilidad de salir de donde están, que es en la Justicia Ordinaria y pasar a la Justicia Penal Militar", señaló el senador Galán sobre la propuesta que fue negada.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW), la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado sus preocupaciones sobre la reforma que fue aprobada.
El presidente de la CIDH, José Jesús Orozco, ha dicho que la norma es “incompatible” con los principios de este organismo. “Nosotros aspiramos a que esto no se apruebe en los términos que se ha planteado”, indicó Orozco.
Por su parte, José Miguel Vivanco, director de HRW, ha dicho que “la reforma es inconveniente” y ha centrado sus preocupaciones en lo que pueda pasar con las “las investigaciones de los llamados falsos positivos”.
La ONU, a su turno, ha pedido evitar “cualquier sospecha de impunidad en los procesos de los uniformados y ha dejado en claro su preocupación sobre la transparencia en las investigaciones”.
Ante las críticas, el Gobierno ha insistido en que la reforma no permitirá la impunidad. Además, el Ejecutivo asegura que los efectivos de las Fuerzas Armadas necesitan garantías mínimas para enfrentar a los grupos armados ilegales como la guerrilla y las bandas criminales, debido a que en ocasiones han sido condenados por conceptos como la superioridad numérica frente a los adversarios en el campo de batalla.
No hay comentarios:
Publicar un comentario